Los Raventós, una familia muy numerosa, que acaba de hacer el negocio de su vida para más de 200 accionistas. Carlyle, un fondo de capital internacional que gestiona 13.000 millones de dólares en todo el mundo y que les ha comprado la empresa tras valorarla en 300 millones. Y AZ Capital, un banco de inversión español acostumbrado a trabajar para lo más granado del panorama empresarial patrio, y que fue contratado por la compañía. Los tres podrían haberse encontrado ayer -si no fuera por la pandemia- en cualquier hotel de lujo o en las rutilantes oficinas de cualquiera de ellos.
Sin embargo, una factura impagada de 2,4 millones de euros hizo que varios ejecutivos de estas entidades pasaran ayer más de cinco horas en los juzgados, dando vueltas y revueltas a un contrato de asesoramiento, el devenir del proceso de venta y las implicaciones legales de las actuaciones de unos y otros actores involucrados en la transacción. La guerra entre AZ y los Raventós es total, con Carlyle en medio, y dos de los bufetes de abogados de postín -Baker McKenzie, por la familia, y Cortés Abogados, por el banco- defendiendo sus intereses respectivos.
Tras el cierre de la operación, en octubre del 2018, AZ Capital presentó su factura de honorarios, sujeta por contrato a un sucess fee o retibución ligada al éxito. Como la oferta inicial de Carlyle fueron 220 millones y la venta se consumó por 300, AZ giró a Unideco la correspondiente factura por 2,4 millones, el 3% de 80 millones. Pero Carlyle, su nuevo propietario, dijo que no le correspondía pagar por un servicio que no fue para la empresa sino para sus expropietarios, mientras que estos discutieron la cuantía y alegaron que el servicio de AZ fue inexistente.
Ayer, en el juicio, Mario Pardo, director general de Carlyle en España y consejero de Codorniu, dio a entender que también ve la reclamación fuera de lugar. El directivo del fondo explicó que su desembarco en la firma de los Raventós se produjo tras “una negociación muy dura, en la que no intervino AZ Capital; nunca nos llamaron para decir que hubiera otras ofertas por Codorniu y nosotros subimos el precio por las negociaciones con los accionistas y no por el trabajo de AZ”. Esta versión coincide con la de los ex accionistas de Codorniu que declararon ayer en el juicio. Por ejemplo, Marc Ferran, que era accionista de Unideco, la matriz de Codorníu, refirió múltiples reuniones con Carlyle y aseguró que la mejora del precio, que pasó de los 220 millones a 300 millones en pocos meses, se logró gracias a esa negociación.
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Por su parte, AZ negó todo lo anterior, dijo que dedicó a un equipo de siete personas a la operación con dedicación exclusiva durante varios meses y que, como fruto de sus trabajos, se lograron dos ofertas de la bodega francesa Vraken Pommery y de la argentina Peñaflor. Según AZ, eso fue lo que provocó que Carlyle tuviera que subir el precio. En cualquier caso, el banco de inversión se ratificó en la petición de condena a Unideco porque –argumentó– el contrato especifica que cualquier mejora en el precio en relación con la inicial que se produjera dentro de los dos años siguientes a su contratación les da derecho a percibir el 3% de ese importe. La juez será la que decida.